Ciudad de México. La iniciativa privada no ha roto la relación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien aseguró que la mantienen firmes sus argumentos sobre la legalidad de la planta Constellation Brands en Mexicali.

El líder del organismo cúpula indicó que jamás romperán el vínculo con la actual administración, pues lo único que han tratado es de apoyar a la Cuarta Transformación, de estar del lado del mandatario, porque solo buscan que le vaya bien al país.

Sin embargo, en el caso de la cancelación de la planta cervecera en Baja California, dijo, “es lógico que tengamos firmeza en nuestro argumentos”, porque el sector privado está en contra de que se haga una encuesta como si fuera una consulta que detenga la inversión de mil 400 millones de dólares y que beneficiara a México.

Salazar Lomelín acusó que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, esté actuando como activista y no como funcionario público, pues calificó a los empresarios “como el verdadero virus que ataca al país.”

Detalló que mientras varias dependencias firmaron acuerdos para que continuará la construcción de la planta en Mexicali, la Semarnat fue la única que no quiso hacerlo.

Agregó que si Toledo tiene algo que denunciar contra Constellation Brands, porque esté fuera de la ley, que lo haga en las instancias legales correspondientes y que actúe como secretario de Estado y no como activista.

Reiteró que la decisión de la consulta atenta contra la legalidad, por ser un ejercicio “totalmente equivocado” y realizado en un momento de continencia sanitaria.

Señaló que habrá consecuencias económicas, porque se están enviado señales equivocadas al mundo.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que la consulta hecha la semana pasada fue ilegal, pues un tribunal federal definió dos años atrás que realizar un acto de esa naturaleza no era aplicable a una inversión privada, que solo puede hacerse para asunto de la vida pública.

Exhortó al presidente López Obrador a que se rectifique esto, pues genera una señal de desconfianza para la inversión, ya que la noticia ha llegado a otras latitudes.

Fuente: La Jornada