Los hijos de José Manuel del Río, funcionario del Senado preso en Veracruz, dicen que la autoridad carece de pruebas
Las acusaciones que mantienen preso a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, sólo son conjeturas, es una venganza política y no hay pruebas contundentes que lo vinculen con el asesinato de un excandidato de Movimiento Ciudadano en Veracruz.
Así lo dieron a conocer José Manuel, Óscar y María del Río, hijos del acusado, quienes lanzaron una denuncia pública contra el juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, Veracruz, Francisco Reyes Contreras, por supuestamente incurrir en una enorme injusticia al vincularlo a proceso como autor intelectual del lamentable homicidio de Remigio Tovar.
Los denunciantes enumeraron hechos irregulares en el proceso de prisión preventiva, principalmente que Del Río Virgen es acusado sólo a partir de conjeturas.
“No hay hechos ni testimonios de personas que lo vinculen con el asesinato”, indicaron.
Incluso, explicaron que en la audiencia el juez de control Reyes Contreras reconoció y resolvió que en la carpeta de investigación no existe ninguna prueba que lo señale como autor intelectual del homicidio.
Y después de eso, según los hijos de Del Río, el juez de control planteó “teorías” para inculparlo alrededor de siete supuestos.
“Hacemos énfasis en que ninguno de los cinco fiscales que ingresaron a la audiencia mencionó ni uno solo de esos supuestos en su petición de orden de aprehensión ni en la imputación”.
Ahondaron que en el pronunciamiento mediante el cual se vinculó a proceso, el juez leyó sus argumentos, lo que hizo con dificultad, dejando ver que ni siquiera conocía la redacción.
Indicaron que la resolución carece de hechos y consiste únicamente en creencias y posibles teorías sobre la participación del inculpado. En síntesis, nada concreto ni nada que señale a nuestro padre como responsable de la acción que se le imputa, explicaron.
Sostuvieron que la audiencia fue una expresión acabada de violación al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
PAL
FUENTE: CON INFORMACIÓN DE “EL HERALDO”.