Solicita intervención de autoridades federales de
economía, salud y de la Profeco para evitar abusos
Ante la disparidad que registran los precios por servicios clínicos, se requiere la
intervención de las autoridades sanitarias y de economía, con el fin de regular con
parámetros oficiales, el costo de las pruebas Covid y con ello evitar abusos que vayan en
contra de la economía familiar, consideró la diputada Gaby Hernández López.
Con la representación del Grupo Parlamentario del PRI, exhortó a la Secretaría de
Economía Federal, “para que, con el apoyo técnico, clínico y de salubridad de la
Secretaría de Salud y de la Cofepris, emita lineamientos urgentes que regulen y fijen los
márgenes de justificación y no justificación en los incrementos de precios en los
servicios clínicos por pruebas Covid”.
La legisladora dijo que el establecimiento de límites a los aumentos en los exámenes de
laboratorios, tendría soporte en la prohibición expresa de la Ley Federal de Protección al
Consumidor que determina en su artículo 10 BIS que los proveedores no podrán
incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o
contingencias sanitarias.
Su planteamiento responde a la escalada en las pruebas clínicas Covid en centros
particulares, a causa de la evolución de contagios en las dos últimas semanas, y a que el
sector público no tiene la capacidad para realizar los exámenes de laboratorio.
Los diputados priistas han sido receptores del sentir de la población que tiene que
acudir a laboratorios particulares, y se han encontrado diferencias acentuadas en los
costos de las pruebas, lo que hace necesario que las autoridades normen las cantidades
a cobrar por los servicios y se eviten los abusos a los consumidores.
El punto de acuerdo propuesta, también conmina a las Legislaturas de las Entidades
Federativas a hacer propio el interés de regular los precios comerciales en las pruebas
Covid, y manifestar su exhorto a las autoridades en materia económica y de salud
pública, de referencia.
Gaby destacó la importancia que tiene la colaboración del sector salud, para que en una
mesa de análisis económico a nivel federal se dispongan reglas claras que cumplan con
no obstaculizar la libre competencia y se fije un precio máximo, “pero que tampoco
lesionen la economía de la población en general que vive en medio de una contingencia
sin precedentes”.
