*.-Arturo Yáñez firmó el pacto propuesto por el IEPC en protección de mujeres y grupos en

desventaja

Con la convicción de impulsar una agenda en favor de las mujeres, el presidente estatal del
PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, firmó el Pacto social por un proceso electoral libre de violencia
política contra a las mujeres y contra grupos o sectores sociales en desventaja, promovido
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Junto con la secretaria general del partido, Rocío Rebollo Mendoza y el delegado del CEN,
Manuel Cavazos Lerma, el dirigente estatal priista acudió a la sede del IEPC en donde
fueron recibidos por los comisionados electorales, de manera especial por el comisionado
presidente de este órgano electoral local, Roberto Herrera.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a invitación del IEPC
y después de firmar este pacto social, Yáñez Cuéllar reconoció la iniciativa de las
autoridades electorales al considerar que es una acción que une y beneficia a los
duranguenses.
“El PRI es solidario y siempre está atento al llamado de la autoridad electoral porque somos
un partido de instituciones y de respecto a la legalidad, por lo que hoy nos sumamos a este
gran esfuerzo”, afirmó el dirigente priista.
Por su parte, Rocío Rebollo, señaló que el PRI es el partido que ha impulsado la vigencia
de los derechos de las mujeres, la paridad de género en la legislación mexicana y en los
estatutos del propio partido, así como un importante número de leyes a favor de la igualdad
y el respeto para las mexicanas de todos los sectores.

El comisionado presidente del IEPC, Roberto Herrera, indicó que se viven tiempos de una
democracia cada vez más incluyente, innovadora, reflexiva y consciente de lo que ocurre en
la sociedad, por lo que se buscan acciones la colaboración, la unidad y la construcción de
acuerdos que den a la sociedad herramientas y elementos para ejercer su voto.
Este pacto social tiene entre sus propósitos y compromisos concretos abstenerse de realizar
acciones que menoscaben o inhiban la participación política de las mujeres, por lo que los
partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones y entes de gobierno
que lo firman, se comprometen a apoyar a las víctimas y en su caso informar a las
autoridades de algún acto de violencia político o de discriminación.
Igualmente los participantes hacen el compromiso de asesorar a las mujeres y grupos o
sectores sociales en desventaja para que acudan a recibir orientación en materia de
violencia política o discriminación, así como seguir capacitando a su personal en materia de
violencia política, igualdad o no discriminación, y reiteran el compromiso de utilizar un
lenguaje incluyente que favorezca el desarrollo de los estereotipos, además de impulsar una
cultura de la denuncia.