Con la finalidad de promover la transparencia y rendición de cuentas de los
servidores públicos, el Congreso del Estado, recibió los informes de actividades de
los titulares del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto de Evaluación de
Políticas Públicas del Estado; a quienes los legisladores locales cuestionaron en
diversos temas.

De esta manera, en cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa, acudió al Poder Legislativo el magistrado presidente
Jasón Eleazar Canales García, quien dio a conocer que en  el 2022 recibieron 803
demandas, lo que representa un incremento del 12 por ciento en relación al año
anterior, donde  más del 80 por ciento de las  resoluciones emitidas fueron a favor
de la ciudadanía.
 
Una vez que escucharon la exposición del servidor público, los diputados locales
Mario Delgado, Jennifer Deras, J. Carmen Fernández, Fernando Rocha, Marisol
Carrillo y Enrique Benítez, sobre las aportaciones que ha hecho el Tribunal en el
combate a la corrupción, los juicios en línea, el servicio de estacionamientos y las
controversias presentadas.
 
 Durante su informe, el presidente del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas
del Estado, Emiliano Hernández Camargo, precisó que mientras la Entidad de
Auditoría Superior del Estado, fiscaliza la aplicación y comprobación de los recursos
públicos, el INEVAP, evalúa los resultados de las políticas públicas; es decir, medir y
evaluar el impacto social de los programas y acciones de gobierno,  por lo que en el
2022 se efectuaron 23 evaluaciones a dependencias del gobierno del estado y los
municipios.
 
De esta manera, una vez más los diputados del PT, PVEM y PRD hicieron uso de la
tribuna para conocer si se encontraron indicadores de corrupción en las
evaluaciones, cuales son la áreas de oportunidad del  Instituto y  las valoraciones
realizadas para mejorar la salud mental.
 

A estos cuestionamientos se sumaron los diputados Gerardo Galaviz y Ricardo
Pacheco y la legisladora Ofelia Rentería;  sobre  los retos de la educación en las
comunidades indígenas y más alejadas; los programas que deben mejorarse en
obra pública y el combate a la pobreza.
 
A través de este ejercicio democrático, los organismos autónomos dan
cumplimiento a la fiscalización que tiene por  obligación realizar el Poder
Legislativo de Durango.