Los diputados locales exhortaron a las Secretarías de Finanzas y Seguridad Pública del Estado, para que informen los resultados de empadronamiento y recursos recaudados en el Registro de Vehículos Extranjeros, cuyo monto del 2019 y 2020 se destine para mejorar y fortalecer el funcionamiento del Instituto y Hospital de Salud Mental.
“Consideramos de suma importancia conocer el destino final, cantidad de recursos económicos alcanzados y número de vehículos que se registraron el año próximo pasado, así como numeralia con resultados de vinculación, detenciones o investigaciones, es decir, resultados en el terreno de los hechos, información que al día de hoy no conocemos”, resaltó al presentar el punto de acuerdo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
Recordó que en diciembre del 2018 las autoridades pusieron en marcha el Registro Estatal de Vehículos Extranjeros con un costo aproximado de 800 pesos por cuestiones de seguridad, además era condicionante para entrar a este padrón la contratación de un seguro por daños a terceros.
Sin embargo, Mercado Gallegos destacó que además de la Seguridad Pública se tiene que reconocer la que entidad tiene otro reto que afrontar, el cual es por demás delicado, como es el caso de la salud mental, ya que, debido a las condiciones económicas de la entidad, las probabilidades de que una persona se atienda son bajas.
Al respecto, explicó que un tratamiento integral para un paciente con depresión, a grado de un intento de suicidio, puede tener un precio de entre ocho y 12 mil pesos, costo día-cama.
“Las decisiones oportunas pueden salvar vidas, el más claro ejemplo es en el tema de suicidio, el cual a nivel nacional y local ha tenido un crecimiento vertiginoso; en el año 2018 se registraron 137 muertes en Durango, mientras que en el 2019 esta cifra aumentó a 153, lo que habla de manera clara del detrimento en la salud mental de muchos duranguenses”, puntualizó.
Finalmente, comentó que el presupuesto nunca será suficiente para atender las principales políticas públicas, ante ello el direccionamiento de los recursos públicos ordinarios o extraordinarios que lleguen a las arcas gubernamentales deberán canalizarse a los objetivos de mayor alcance y preponderancia en favor de la ciudadanía.
