Tegucigalpa. Un ejecutivo de alto rango de una empresa hidroeléctrica fue declarado el lunes culpable de ser el coautor del sonado asesinato en 2016 de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres, quien lideraba la oposición local al proyecto.
El presidente ejecutivo de la empresa privada Desarrollo Energéticos (DESA), Roberto Castillo, quien impulsaba la construcción de una represa en territorio de la etnia Lenca, había sido detenido el 2 de marzo de 2018. El juicio contra Castillo comenzó en agosto de 2020.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Nacional, integrado por tres jueces. La fiscalía había señalado a Castillo de ser autor intelectual del crimen.
El ejecutivo podría recibir una condena de entre 20 y 30 años, dijeron fuentes judiciales, aunque el tribunal deberá aún precisar la pena a principios de agosto y la defensa todavía puede solicitar la impugnación de la sentencia.
En diciembre de 2019, la justicia hondureña condenó con penas de entre 30 y 50 años de prisión a siete personas por el asesinato a tiros de Cáceres, líder del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y premiada en 2015 con el reconocido premio ecologista Goldman.
“Este fallo condenatorio significa una victoria popular no sólo para el Copinh, el pueblo Lenca y la familia de Berta Cáceres”, escribió la Copinh en su cuenta de Twitter. “Esta es una victoria popular del pueblo hondureño. Significa que las estructuras de poder criminal no lograron corromper el sistema de justicia”.
Cáceres, una profesora de 43 años, fue asesinada por dos hombres en su residencia en La Esperanza, una ciudad semirural habitada principalmente por indígenas Lenca a unos 180 kilómetros al oeste de la capital. El crimen levantó una ola de protestas y fue condenado por la ONU, la OEA y Greenpeace.
La activista medioambiental había denunciado amenazas de muerte en reiteradas ocasiones contra ella y su familia, pero no disponía de protección por parte del gobierno de Honduras, donde en los últimos años se han producido varios crímenes contra luchadores sociales indígenas.
Fuente: la Jornada
