*.-Ante los malos resultados de los gobiernos federal y estatal, el PRI volverá a gobernar Durango en 2022: Benítez Ojeda
El PRI volverá a gobernar Durango en el 2022, porque los gobiernos federal y estatal de la alternancia lo han hecho mal y no han resuelto la problemática de los duranguenses, como aquí en La Laguna, en donde se agudiza al falta de agua potable, afirmó Luis Enrique Benítez Ojeda, presidente estatal del PRI, al sostener una reunión con representantes de 22 ejidos y comunidades encabezados por Hipólito Pasillas, dirigente de la CNC en Gómez Palacio.
Acompañado de Juan Moreno y Manuela Lerma, presidente y secretaria general del Comité Municipal del PRI, Benítez Ojeda hizo el compromiso de sumarse como gestor en la lucha que se tiene que dar por el abastecimiento del agua potable de las comunidades rurales y de la ciudad, pero sin detrimento de la producción y de la gente del campo de La Laguna duranguense.
Consideró importante que el Presidente de la República escuche no solo a los pequeños propietarios sino también a los ejidatarios y toda la gente que se pueda ver afectada con la construcción de una planta potabilizadora, lo que implicaría afectar los metros cúbicos de agua de que disponen los productores para la agricultura, “no vayamos a caer en el canto de las sirenas y que la posible solución a un problema sea contraproducente para la producción y se genere un problema más grave”, dijo.
El presidente estatal del PRI estuvo con presidentes de comisariados ejidales y juntas municipales, presidentas de comités seccionales, presidentes juntas municipales, jefes de cuartel y líderes de 22 ejidos y comunidades de la CNC de Gómez Palacio, y con ellos se comprometió a apoyar sus gestiones y demandas, así como a valorar la justificación o no de la planta potabilizadora para resolver la falta de agua potable.
Asimismo, se pronunció para que sea un estudio técnico y la opinión de los que saben del tema, el que pudiera demostrar si la planta potabilizadora resolverá el abastecimiento del agua y si ésta tiene el consenso de todos los sectores de la población, principalmente los productores que dependen del agua de la presa para sus actividades agropecuarias.
