La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos, por el accidente registrado ayer en la interestación Olivo-Tezonco del viaducto elevado de la línea 12 del Metro, que ha cobrado 24 vidas y ha dejado 79 lesionados.
Hasta este momento, la más reciente actualización de la información sobre el número de personas fallecidas que han sido identificadas es de 10, dos mujeres y ocho hombres; siete de ellas ya han sido reconocidas directamente por sus familiares.
La aplicación del Protocolo de Desastres permite a la Fiscalía reducir tiempos y agilizar la entrega de los cuerpos a sus familias, sin necesidad de practicarles una necropsia además, se continúa con la identificación de las personas fallecidas y hospitalizadas, por lo que se mantiene constantemente actualizada la información para darla a conocer a familiares y público en general, precisó.
Desde que se suscitó el hecho, puntualizó, se activó el Protocolo de Desastres, por lo que se desplegaron células de atención a víctimas integradas por: Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales y Psicólogos, para brindar la orientación jurídica, la contención emocional, así como el apoyo y la atención para servicios médicos y funerarios.
Tras expresar su solidaridad con las familias de las víctimas de los lamentables hechos ocurridos a las 22:22, se comprometió a llevar a cabo una investigación científica y profunda para deslindar responsabilidades y llegar a la verdad.
Para ello, explicó, se llevarán a cabo todos los peritajes necesarios de forma profesional, exhaustiva, multidisciplinaria e interinstitucional, en diferentes materias, principalmente en los siguientes ámbitos:
En el estructural, se solicitará la intervención de ingenieros topógrafos, civiles y estructurales, especializados en aceros; geólogos especialistas en subsidencias (hundimientos) para desarrollar los estudios de geotecnia, mecánica de suelos, cálculo estructural, resistencia de materiales y todos aquellos que resulten indispensables para identificar el origen del hecho.
Mientras, en el tema administrativo, se investigarán los contratos de obra y supervisión, bitácoras de mantenimiento, empresa constructora y supervisora, y la solicitud de información a todas las áreas intervinientes para el deslinde de responsabilidades, así como, el cálculo y la evaluación final de los daños.
En los trabajos periciales, señaló, se han sumado de manera solidaria colegios y asociaciones profesionales, así como instituciones educativas, tales como el Instituto Politécnico Nacional, quien además de su personal académico ofrecen a la dependencia instrumentos de alta tecnología para el análisis del siniestro.
Mencionó que, su compromiso es contar, en el menor tiempo posible, con una explicación soportada científica y jurídicamente, sobre los lamentables hechos y dar la garantía a los ciudadanos de que se llegará a la verdad y se hará justicia, no se ocultará información, ni se encubrirá a nadie.
Fuente: La Jornada
