Congreso elevó a rango constitucional el Derecho a un ambiente libre de corrupción y tener como prioridad el interés superior de la niñez

El Congreso de Estado a través de la Comisión Permanente realizó la declaratoria de aprobación de las reformas constitucionales en materia de derechos políticos de las mujeres que impide a violentadores acceder a cargos de elección; así como de las modificaciones a vivir en ambiente libre de corrupción y tener como prioridad el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, se enviarán los tres decretos al Ejecutivo Estatal para su publicación y promulgación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y pueda entrar en vigor.

Al abordar la reforma constitucional que establece que las personas sentenciadas por los delitos de violencia familiar, hostigamiento, abuso, acoso sexual, por violación y feminicidio, no podrán acceder a cargos públicos de elección popular, la diputada Paty Jiménez Delgado, consideró que con ello se da un paso importante en el respeto al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en la entidad.

Cabe señalar que Durango fue estado pionero en el país en esta reforma -conocida como 3 de 3-, previo a su aprobación en el Congreso Federal.

Al hacer uso de la tribuna, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya Rosales, consideró que esta reforma no solo busca prevenir que personas condenadas por delitos graves contra las mujeres accedan a cargos de elección popular, sino que también envía un mensaje poderoso a la sociedad en su conjunto. “Estamos comprometidos a poner fin a la impunidad y a garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y que se haga justicia”.

En lo que se refiere al decreto que reconoce el Derecho Humano a vivir en un ambiente libre de corrupción y al combate de la misma, a la fiscalización y a la rendición de cuentas públicas, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, consideró que los duranguenses tienen derecho a que exista una función pública transparente, por lo que reconoció la voluntad de los municipios de Canatlán, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Santiago Papasquiaro, Topia y Vicente Guerrero al respaldar el decreto.

El último decreto prevé para adoptar las medidas necesarias para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra todo tipo de abuso, descuido o trato negligente.