• La prioridad es tener un acceso real y efectivo a una justicia pronta, expedita e integral: Paty Jiménez

El Congreso del Estado exhortó al Congreso de la Unión para que prorrogue tres años más la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para que las entidades federativas tengan la posibilidad de implementarlo adecuadamente.

Al presentar el punto de acuerdo, la diputada Paty Jiménez Delgado informó que la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional sin que la misma pueda exceder el día el primero de abril de 2027; es decir, Durango y cada uno de los Estados del país, tienen menos de tres años y medio para acatar la obligatoriedad del multicitado decreto; por lo que se busca ampliar esta fecha tres años más.

En este sentido, comentó que los Congresos locales, aprobarán los recursos presupuestarios correspondientes para su implementación, además de realizar las reformas jurídicas necesarias.

La representante del Partido Acción Nacional explicó que el marco normativo que se implantará, sin lugar a dudas, va a causar un gran impacto en la vida de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad mexicana.

Lo anterior, debido a que la naturaleza de los asuntos que viene a reglamentar, corresponden al actuar de las personas en su diario vivir, toda vez que las materias civil y familiar, se encuentran directamente vinculadas con cuestiones cotidianas y comunes para las ciudadanas y ciudadanos, así como para cada niño, niña y adolescente.

Entre las principales características de la implementación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, destacó la oralidad en el desarrollo de los procedimientos de la naturaleza jurídica en mención, así como el acceso real y efectivo de una justicia pronta, expedita e integral.

Además, contempla la integración de métodos que requieren de una serie de equipamientos tecnológicos y de características físicas de los inmuebles que en este momento no se tiene por parte de la mayoría juzgados, si no es que la totalidad de las entidades federativas de México.

También, será fundamental capacitar al capital humano que se hará cargo de la aplicación de la nueva modalidad de impartición de justicia.