Por unanimidad, los diputados locales aprobaron las reformas a la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  y a la Ley
de Notariado para el Estado, con la finalidad que las viviendas del medio rural sean
sujetas al programa  de “Escrituración Social y Popular”.
 
“Se amplifican los derechos de la población que habita en la zona rural, ya que la
vivienda no se limita al espacio donde los seres humanos se protegen en su
interior, sino que incluye también una unidad productiva en el exterior”, explicó la
promotora de las reformas,  Gaby Hernández López durante la discusión que se
realizó previo a la clausura del periodo ordinario de sesiones.
 
La legisladora precisó que con las adecuaciones legislativas más familias contarán
con certidumbre jurídica sobre sus propiedades, ya que las viviendas rurales
generalmente poseen características  diferentes a la de la zona urbana al contar
con una extensión considerable de tierra donde construye su casa, producen sus
alimentos, tiene espacio para el cuidado y alimentación del ganado y hasta para
comercializar su productos.
 
Al razonar el voto a favor del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Mojica
Narvaez, recordó que fue en el 2022, cuando se pusieron en marcha las primeras
reformas para dar paso al programa “Marzo: mes de la escrituración social y
popular”; sin embargo, con las modificaciones aprobadas los ciudadanos tendrán la
oportunidad de que se respeten los descuentos en los meses posteriores de haber
iniciado su trámite.
 
El legislador informó que en el país existen más de 10 millones de viviendas que no
cuentan con escrituras y solo 100 mil han sido regularizadas en lo que va de esta
administración federal, por lo que es un tema que se debe atender en las
comunidades del estado.
 
Por su parte, el diputado J. Carmen Fernández Padilla reconoció la iniciativa de la
legisladora Hernández López ya que muchas familias serán beneficiadas, pero a la

vez pidió que los notarios se sumen a este proyecto, ya que son muy altas las
cantidades que cobran para realizar los trámites.
 
“Es una medida que dará certidumbre a quienes aún no cuentan con escrituras
ante los juicios  que existen en las comunidades rurales”, precisó.